¿Universalización del acceso o de los servicios?

Los recientes anuncios de los gobiernos de la región sobre el diseño e implementación de planes nacionales de banda ancha como parte de sus estrategias digitales tienen su razón de ser en el efecto multiplicador que la prestación de estos servicios tiene sobre otros sectores de la economía. Lo cual redunda en un crecimiento económico y una mejora de la productividad.

Así, según un informe de la Comisión Europea, las TIC explican más del 50% de los aumentos anuales de productividad en la UE, llegando hasta el 75% en el caso de EEUU. Es más, el sector TIC se ha convertido en un catalizador para la salida de la crisis, debido a que por cada euro público invertido en TIC se genera una inversión inducida de 7 euros por parte del sector privado.

Probablemente este sea uno de los motivos por el que los jefes de estado de distintos países han decidido incluir dentro de las obligaciones de servicio universal la prestación de servicios de banda ancha entiendo dicho servicio como aquel capaz de ofrecer velocidad de al menos 1 Mbps.

¿Pero qué es realmente este concepto de servicio universal? ¿Es realmente aplicable este concepto a la Región de América Latina? ¿Cuáles son las implicaciones regulatorias y de negocio?

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